En Colombia, la televisión abierta se considera un servicio público y sus contenidos están sujetos a una regulación bastante estricta, pero los servicios de streaming casi que no están sometidos a ninguna reglamentación. En el Congreso ya se dieron cuenta de eso, y varios proyectos de Ley buscan la reglamentación de esos servicios.
Uno de ellos, el proyecto de Ley 077 de 2015 presentado por el representante Diego Patiño, les mete el diente directamente a los que llama “servicios de provisión de contenidos audiovisuales sobre redes de comunicaciones“. Es decir, a productos de streaming como Netflix o YouTube, que ofrecen esta clase de contenidos a través de internet. El proyecto busca que estos servicios también sean considerados en Colombia como un servicio público, y que tengan varias nuevas obligaciones.
Por una parte, pretende que sus contenidos puedan ser vigilados por una entidad estatal para verificar que cumplan con el objetivo de “promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local“.
Por otra parte, busca que los proveedores de los contenidos a través de streaming tengan la obligación de aportar a un Fondo Audiovisual y de Contenidos, que financie contenidos audiovisuales públicos que se transmitan a través de internet y otras redes. También busca obligar a todas las empresas que prestan estos servicios a se registren ante el Gobierno, y hace posible que puedan ser sancionadas, incluso cancelando el servicio, si no cumplen con un sinnúmero de obligaciones.
Los servicios de streaming tendrían obligaciones de contenido
Varias de esas obligaciones son de contenido. Entre ellas está someterse a lo que exijan las autoridades “para garantizar y/o restablecer el pluralismo informativo“, no “incurrir en las prohibiciones en materia de contenidos audiovisuales sobre redes de telecomunicaciones” –aunque el proyecto no aclara cuáles son esas prohibiciones– e, incluso, retransmitir las alocuciones del Presidente de la República, tal como ocurre hoy con los canales de televisión abierta.
En otros apartes del proyecto de Ley también se busca obligar al Estado a garantizar que todos los colombianos puedan ver algunos eventos “de interés general“, que van desde los partidos de la Selección Colombia hasta la entrega de los premios Nobel, pasando por las competencias importantes de ciclismo y automovilismo en las que compiten colombianos. Dado que muchos de esos eventos solo se pueden transmitir por TV previo pago de licencias, en la práctica esto obligaría al Estado a comprar esas licencias.
Según escribió el representante en su exposición de motivos, el proyecto de ley busca evitar que la competencia de las herramientas digitales contra la TV abierta haga que la industria de contenidos deje “de lado el interés público del usuario y/o televidente […] para rendirlo al resultado de la guerra económica del más fuerte que podrá imponer los contenidos a su elección“, y así se evite “una concentración informativa“.
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